Por un lado, quienes apoyan esta postura consideran que penas más duras pueden actuar como disuasorio y reflejar el compromiso social con la protección de la infancia. Por otro, expertos jurídicos recuerdan que cualquier sanción debe respetar el marco constitucional, el debido proceso y los principios de proporcionalidad establecidos por tribunales como el Supremo de EE.UU.
El intercambio de opiniones subraya el desafío de equilibrar la demanda de responsabilidad penal con los principios que rigen un sistema de justicia. Existe consenso en la necesidad de proteger a la infancia y sancionar a los responsables, mientras persisten diferencias sobre los límites legales de las penas más graves.
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