Un estricto proceso de fiscalización técnica y misiones presenciales de representantes del Fondo Monetario Internacional acompañará el uso de los 365 millones de dólares provenientes del llamado «tramo de reserva» de Venezuela y que serán destinados a la recuperación de las zonas destruidas por los terremotos del 24 de junio.
Para el desembolso, el organismo financiero exige la máxima transparencia bajo su política de «guardar los recibos» (keeping the receipts) cuando el dinero va a ser utilizado en emergencias humanitarias, como es el caso. Además, ambas partes deben acordar mecanismos específicos de supervisión para poder llevar a cabo el plan de reconstrucción necesario luego de la tragedia.
Estos mecanismos incluyen, según las normas del FMI, el envío de misiones técnicas en el terreno: es decir, que vendrán delegaciones a Venezuela para coordinar con autoridades del equipo económico del país, lo que el FMI denomina «mesas técnicas constantes», encargadas de revisar minuciosamente la ejecución del plan de reconstrucción sector por sector.
También, como parte del acuerdo para la liberación de esos recursos, el FMI se compromete a brindar asistencia técnica directa para fortalecer las capacidades institucionales de las entidades públicas venezolanas que estarán a cargo de los fondos, siempre con la idea de garantizar un manejo transparente.
Igualmente, en las normas del FMI para financiamientos de emergencia por desastres naturales, el país receptor se compromete a ejecutar auditorías independientes y publicar informes periódicos detallados sobre el destino exacto del dinero en las zonas afectadas, tales como viviendas, servicios esenciales e infraestructura. Y finalmente, se le hará un seguimiento presupuestario al fondo especial de reconstrucción que ha sido creado por las autoridades venezolanas para centralizar los recursos depositados, de manera de facilitar el rastreo de las transacciones por parte de los analistas del FMI.
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