Tal como lo anunció Keiko Fujimori en su primer Mensaje a la Nación tras asumir la presidencia de la República, el Gobierno apunta a una “gran reforma del servicio civil”, el cual forma parte de la propuesta del pedido de facultades legislativas que presentará al Congreso.
Uno de los objetivos de esta iniciativa analizada por RPP es reducir la planilla estatal mediante incentivos económicos para que trabajadores del Estado renuncien voluntariamente a sus cargos, aunque señala que esto no implica despidos de quienes tienen contratos indefinidos.
“Establecer incentivos económicos de carácter voluntario, equivalente en su cálculo a la protección reconocida en el régimen laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo 728, dirigido a los servidores que opten libremente por su salida, según la propuesta que se realice”, se lee en el borrador del proyecto de delegación de facultades.
La exposición de motivos del proyecto señala que se busca ordenar la coexistencia de los distintos regímenes laborales del Estado, reorganizar los recursos humanos y sincerar las plazas que realmente se requieren en las entidades públicas.
Y es que, actualmente, en el Estado conviven trabajadores bajo los regímenes de los decretos legislativos 276, 728, Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y la Ley del Servicio Civil.
¿Cómo funcionaría el incentivo por renuncia de trabajadores del Estado?
La propuesta busca ofrecer un incentivo económico a los servidores que decidan libremente dejar su plaza en el Estado. Para calcular ese monto, el Ejecutivo tomaría como referencia la indemnización por despido prevista en el régimen laboral privado.
¿De cuánto es ese monto? El abogado laboralista Willman Meléndez explicó a RPP que en el régimen privado la indemnización para trabajadores con contrato a plazo indeterminado equivale, de manera general, a una remuneración y media por año de servicios, con un tope de 12 sueldos.
El especialista enfatizó que ello no significa que el Estado esté creando un despido con indemnización, sino que utilizaría ese mecanismo únicamente como base de cálculo para negociar una salida.
Aunque el borrador enfatiza en que este instrumento será voluntario, el abogado considera que ese será el aspecto que deberá cuidarse cuando la propuesta se convierta en una norma, la cual deberá garantizar que la decisión del trabajador sea completamente libre y sin presiones.
"Acá lo importante es eso, el carácter voluntario. ¿Hasta dónde será una negociación efectivamente voluntaria? O, más bien, si es que lo que se llevará a cabo serán despidos disfrazados de negociación voluntaria", advirtió el profesor en Derecho Laboral.
Meléndez recordó que durante la década de 1990 hubo procesos de extinción masiva de relaciones laborales en el sector público que terminaron siendo cuestionados judicialmente porque, en algunos casos, los trabajadores no habrían tenido tiempo suficiente para evaluar la propuesta o recibir asesoría antes de aceptar el cese laboral.
¿A qué trabajadores estatales podría alcanzar?
La exposición de motivos no precisa qué regímenes laborales podrían acceder al incentivo, aunque menciona expresamente la coexistencia de los regímenes 276, 728, CAS y Servicio Civil como uno de los problemas que busca resolver.
Desde una perspectiva práctica, Meléndez considera que la medida tendría mayor sentido para trabajadores con contrato indeterminado o nombrados, ya que en los contratos temporales el Estado podría simplemente dejar vencer el plazo pactado.
Asimismo, sostuvo que el proyecto aún mantiene un carácter general y que será el eventual decreto legislativo el que defina su verdadero alcance.
"Es un proyecto genérico. No sabemos concretamente hacia dónde apunta, pero sí se deja apreciar que se va a recurrir a extinciones seguramente bastante numerosas porque se planea evitar duplicidad de funciones", señaló.
Según el sustento del proyecto, la reforma busca mejorar la eficiencia del Estado y la sostenibilidad fiscal del gasto en personal, mediante el ordenamiento de la planilla pública y la reorganización de los recursos humanos.
Un solo régimen laboral en el Estado
La justificación de la propuesta señala que uno de los objetivos de la reforma es ordenar la coexistencia de los distintos regímenes laborales que actualmente conviven en el Estado, donde trabajadores que realizan funciones similares pueden estar sujetos a reglas distintas en cuanto a sus remuneraciones, beneficios y protección laboral.
Actualmente, en el sector público coexisten servidores bajo los regímenes de los decretos legislativos 276, 728, 1057 (CAS) y la Ley del Servicio Civil (Ley 30057). Según el Ejecutivo, esta diversidad ha generado una planilla heterogénea y con condiciones laborales diferentes entre trabajadores de una misma entidad.
Aunque el documento aún no precisa hacia qué régimen laboral se buscaría converger, Meléndez recordó que la Ley del Servicio Civil ya fue creada con el objetivo de convertirse en el régimen general del empleo público, pero que su implementación no ha concluido y actualmente continúa coexistiendo con los demás regímenes.
"Ya existe una ley del Servicio Civil que nació con ese objetivo. Lo lógico sería que se utilice ese camino, antes que crear un nuevo régimen. Mejor utilizar algo que ya se está intentando implementar en los últimos años y que ya tiene en sus reglas la lógica de la meritocracia y del equilibrio presupuestal, ya ha sido concebido para respetar esos principios”, apuntó el especialista.
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