Los delitos del ex alcalde de Carora Javier Oropeza: terrorismo, incitación al odio y omisión en sus funciones

Representantes legales de la alcaldesa del municipio Torres, Lasmit Verde, acudieron a la sede de la Fiscalía Superior del estado Lara para entregar un documento y ratificar la denuncia por los hechos calificados como violentos registrados el 30 de julio de 2024 en Carora, solicitando celeridad en las investigaciones para evitar la impunidad.

La delegación estuvo encabezada por el equipo jurídico, víctimas directas de las agresiones registradas durante la jornada post-electoral y voceros del poder popular. Esta acción legal busca sentar precedentes en la jurisdicción y evitar la impunidad ante los graves daños materiales, de orden público y los riesgos a la integridad física que sufrieron diversos ciudadanos durante los altercados.

Los hechos se remontan a los días posteriores a los comicios presidenciales de 2024. Según los antecedentes expuestos por la representación jurídica, tras desencadenarse los focos de violencia en la capital torrense, el entonces alcalde en ejercicio, Francisco Javier Oropeza, abandonó intempestivamente el país. Ante la ausencia sobrevenida de la máxima autoridad local, la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y las instancias constitucionales correspondientes designaron a Lasmit Verde para asumir la conducción ejecutiva de la Alcaldía del Municipio Torres.

Luego de ello, el opositor venezolano Javier Oropeza, se fue exiliado a Madrid tras los acontecimientos políticos derivados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Las razones principales de su huida y permanencia en España durante dos años incluyeron:

Orden de captura e imputaciones graves:

El gobierno venezolano emitió una orden de aprehensión en su contra tras acusarlo de ser el presunto autor intelectual de hechos violentos ocurridos en Carora tras los comicios. El tribunal le imputó cargos por presuntos delitos de terrorismo e incitación al odio.

Persecución política y resguardo familiar: Ante el riesgo inminente de detención, se vio obligado a marcharse de manera forzosa para proteger su integridad y la de su núcleo familiar, trasladándose a un pueblo a las afueras de Madrid junto a su esposa y sus dos hijas pequeñas

El abogado Juan Carlos Torrealba, apoderado legal de las víctimas, relató la magnitud de los hechos acontecidos la tarde de aquel día: «A la 1:00 p.m., cuando 42 personas se encontraban en la sede de Radio Venceremos, que también funcionaba como sede del PSUV, fueron atacadas por más de 500 sujetos portando palos, armas de fuego u objetos incendiarios», precisó Torrealba.

Asimismo, la representación jurídica cuestionó la presunta omisión de auxilio por parte de la máxima autoridad municipal para el momento: «El entonces alcalde Francisco Javier Oropeza, a solo una cuadra del sitio, no se apersonó ni envió órganos de seguridad para resguardar a estos ciudadanos, quienes milagrosamente salvaron la vida (…) Era su deber, consagrado en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, garantizar la seguridad. Aun si argumentaba no tener policía, debió apersonarse con su tren ejecutivo y evitar la situación. ¿Por qué huyó y no se quedó?», enfatizó.