El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) destituyó y condenó en agosto de 2017 al entonces alcalde del municipio Libertador de Mérida, Carlos García, a 15 meses de prisión e inhabilitación política por desacato, tras argumentar que no cumplió la orden de impedir las protestas antigubernamentales y el bloqueo de vías.
La Sala Constitucional del TSJ en el 2017 señaló que el alcalde opositor desobedeció un amparo cautelar que le exigía evitar la obstaculización de las calles durante las manifestaciones de ese año.
Se le impusieron 15 meses de prisión, la destitución inmediata de su cargo y la prohibición de salida del país. Ante la medida judicial, García decidió salir de Venezuela de manera clandestina hacia Colombia y posteriormente se estableció en Estados Unidos.
El 23 de enero de 2026, Carlos García fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos mientras tramitaba su solicitud de asilo político
Tras varios meses bajo custodia y recursos legales rechazados, decidió aceptar una medida de deportación voluntaria.
A finales de septiembre de 2026, retornó a Venezuela a través del estado Anzoátegui en los vuelos de repatriación de la misión oficial "Vuelta a la Patria"
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